A cinco días de las elecciones, el PRO y un sector interno de La Libertad Avanza se bajaron de la fiscalización en La Matanza y denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos del operativo. Apuntan a un puntero alineado con Sebastián Pareja y advierten que se puede repetir el resultado adverso del 7 de septiembre.
A solo cinco días de las elecciones de medio término, cuando el gobierno de Javier Milei se juega su capital político para el segundo tramo de su gestión, un escándalo sacude a La Libertad Avanza en el corazón del conurbano bonaerense. En La Matanza, el núcleo del poder peronista y donde se concentra más de un millón de votos, estalló una interna feroz por el manejo de la fiscalización.
El PRO pegó un portazo este martes y decidió retirar a más de 1.000 fiscales que se habían inscripto para controlar la elección. Acusaron al puntero Luis “Lucho” Ontiveros, alineado con el presidente de LLA bonaerense y candidato a diputado nacional Sebastián Pareja, de maniobras irregulares con los fondos destinados al operativo.
No fue el único movimiento. Leila Gianni, concejal electa en los comicios del 7 de septiembre, también retiró otros 200 fiscales que estaban anotados para cubrir las mesas del próximo domingo.
“Se quieren chorear la guita otra vez y regalar la elección a Fernando Espinoza, como hicieron el 7 de septiembre”, aseguró en reserva uno de los involucrados en el armado de fiscalización en el distrito más populoso del país.
Los antecedentes pesan. En esas mismas elecciones de medio término, el peronismo ganó por más de 13 puntos y hubo acusaciones cruzadas por la falta de control. Incluso, se denunció que en varias escuelas no hubo representantes libertarios durante el recuento.
Las críticas apuntan al rol de Ontiveros, dirigente de origen peronista que pasó por varios partidos en las últimas dos décadas y que fue incorporado a LLA en 2023 por el dispositivo político que responde a Pareja, tercero en la lista violeta de candidatos a diputados nacionales.
El eje del conflicto es el manejo de los recursos para una fiscalización extendida sobre un territorio enorme, con zonas urbanas como Ramos Mejía o San Justo y otras de perfil más rural como Rafael Castillo o Isidro Casanova.
“Hace dos semanas entregamos planillas con nombres, DNI y teléfonos para distribuir los fiscales. Estamos a martes y no nos dicen dónde van, qué mesa les toca ni cómo se organiza. Van a repetir lo del 7 de septiembre. No nos vamos a prestar a esa maniobra”, remarcó otra fuente.
El PRO integra la alianza con La Libertad Avanza para estas elecciones. En la provincia de Buenos Aires, con casi 14 millones de votantes habilitados, el gobierno nacional busca achicar la diferencia que el peronismo sacó en la última contienda.
La campaña ya venía cuesta arriba tras las denuncias que salpicaron al entonces cabeza de lista José Luis Espert, quien debió ser reemplazado por Diego Santilli. Ahora, con la crisis detonada en el distrito más grande a cinco días de la elección, La Libertad Avanza suma una nueva dificultad en el tramo final.
