El impulso del gobernador Alfredo Cornejo para reformar la Constitución provincial reabrió el debate por la autonomía municipal en Mendoza. Especialistas advierten que la provincia incumple la reforma de 1994 y cuestionan que la iniciativa busque limitar a los municipios más que garantizar derechos.
El escenario político en Mendoza atraviesa un momento de alta tensión institucional tras el repentino interés del gobernador Alfredo Cornejo en avanzar sobre la autonomía municipal. Se trata de un concepto que, según juristas y especialistas, la provincia ha ignorado sistemáticamente desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que obliga a las jurisdicciones a garantizar y reglamentar la autonomía de los municipios.
En este contexto, la iniciativa del mandatario provincial no aparece como un gesto aislado ni como una convicción democrática profunda, sino como una reacción directa a los movimientos políticos que comenzaron a gestarse en el sur mendocino. El detonante fue la decisión del intendente de San Rafael, Omar Félix, de avanzar con la reforma de la Carta Orgánica de su departamento, tras obtener el respaldo ciudadano en las urnas.
¿Por qué Cornejo impulsa ahora la autonomía municipal?
El cambio de postura del gobernador genera interrogantes. Durante años, tanto gestiones radicales como justicialistas evitaron abordar de fondo la autonomía municipal, pese a la obligación constitucional vigente desde 1994.
Sin embargo, el avance de San Rafael parece haber alterado el equilibrio político. La respuesta de Cornejo fue inmediata: propuso una enmienda de un solo artículo de la Constitución Provincial y activó planteos judiciales bajo la figura de “conflicto de poderes”.
Para diversos sectores, esta reacción evidencia un doble estándar. Mientras en el plano discursivo se menciona la autonomía como un valor institucional, en los hechos se busca establecer límites que impidan que los municipios ganen independencia, especialmente en áreas sensibles como la recaudación y la administración de recursos.
¿Qué dice la Constitución y por qué Mendoza está en falta?
El debate de fondo remite a una deuda histórica. La reforma constitucional de 1994 estableció que las provincias deben asegurar la autonomía municipal en sus propios textos constitucionales.
En el caso de Mendoza, ese mandato nunca fue plenamente cumplido. La falta de adecuación normativa durante más de 30 años generó un vacío legal que hoy se traduce en conflictos políticos e institucionales.
La situación fue expuesta incluso por el diario La Nación, que puso el foco en el incumplimiento sostenido de la provincia y cuestionó la actual maniobra del Ejecutivo, señalando que intenta avanzar con cambios “por la puerta” de la Constitución, pero con el objetivo de imponer restricciones.
¿Qué rol juegan San Rafael y el peronismo en este conflicto?
El departamento de San Rafael se convirtió en el epicentro de la discusión. La decisión de avanzar con su Carta Orgánica, respaldada por el voto popular, posicionó al peronismo del sur como un actor clave en la disputa por la autonomía.
Desde ese espacio, el diputado nacional Emir Félix cuestionó duramente al gobernador y recordó que, hasta hace poco tiempo, calificaba la autonomía municipal como “una locura”.
La tensión política crece en paralelo a la judicialización del conflicto. Mientras el Gobierno provincial recurre a la Suprema Corte de Mendoza —señalada por la oposición como afín al oficialismo—, los intendentes no descartan llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
¿Qué opinan los especialistas sobre la autonomía municipal?
En medio de las disputas políticas, la mirada académica aporta un diagnóstico claro. La jueza Gabriela Abalos explicó que la responsabilidad de garantizar la autonomía municipal recae en la provincia.
Según su análisis, la actual crisis tiene un origen concreto: más de tres décadas de incumplimiento constitucional por parte de Mendoza.
“La mora de la provincia en cumplir con el texto constitucional de 1994 es la causa de la situación actual”, sostuvo la magistrada en declaraciones al diario La Nación.
Esta interpretación refuerza la idea de que el conflicto no es coyuntural, sino estructural, y que cualquier intento de reforma debería enfocarse en saldar esa deuda antes que en limitar a los municipios.
¿Qué antecedentes marcan la postura de Cornejo?
El debate actual también revive episodios del pasado político del propio gobernador. Durante su etapa como senador nacional, en el contexto de la presidencia de Alberto Fernández, Cornejo llegó a sugerir que Mendoza podría avanzar hacia una suerte de autonomía o “independencia” si continuaba siendo relegada por el Estado nacional.
Aquella postura, calificada por algunos como una “Medoexit” discursiva, fue fuertemente criticada por el periodista Claudio Escribano, una de las figuras históricas del diario La Nación, quien incluso deslizó que una idea de ese tipo rozaba la figura de “sedición”.
Ese antecedente refuerza las acusaciones actuales de contradicción política, al contrastar con la postura restrictiva que hoy adopta frente a los municipios mendocinos.
¿Qué puede pasar ahora con el conflicto institucional en Mendoza?
El escenario abierto es complejo. La combinación de tensiones políticas, judicialización y cuestionamientos institucionales coloca a Mendoza en una posición delicada frente al resto del país.
El desenlace dependerá tanto de las decisiones de la Justicia como de la capacidad de los actores políticos para alcanzar consensos. Sin embargo, lo que ya resulta evidente es que la autonomía municipal dejó de ser un debate postergado para convertirse en el eje central de la agenda provincial.
Mientras tanto, para los ciudadanos, el tema vuelve a exponer una constante de la política argentina: las contradicciones de una dirigencia que muchas veces actúa en función de coyunturas antes que de principios, y que encuentra en la memoria social —a veces frágil— un terreno fértil para sostener esos cambios de posición.
