La presentación judicial de Lourdes Arrieta contra Luis Petri incluye acusaciones por administración fraudulenta, malversación de fondos e incluso abandono de persona ante la falta de medicamentos esenciales.
La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Micaela Arrieta, presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri por presuntas irregularidades en la administración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad concentrado en IOSFA. La causa fue radicada ante la Justicia Federal e incluye graves acusaciones vinculadas al manejo de fondos y al funcionamiento del sistema sanitario.
¿Qué delitos se le imputan a Luis Petri en la denuncia?
De acuerdo al escrito judicial presentado por Arrieta, se solicita investigar la posible comisión de varios delitos:
- Administración fraudulenta
- Malversación de caudales públicos
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Abandono de persona
La legisladora sostiene que estas conductas habrían tenido consecuencias directas en el deterioro del sistema de salud que asiste a cientos de miles de afiliados.
¿Qué es IOSFA y por qué está en el centro del conflicto?
El foco principal de la denuncia es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, uno de los sistemas de cobertura médica más grandes del país, con cerca de 650 mil afiliados entre personal militar, civiles, retirados, pensionados y sus familias.
Según el documento judicial, durante la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa, el organismo habría pasado de una situación de superávit y reservas a un escenario de endeudamiento creciente y crisis estructural.
Este deterioro, indica la denuncia, derivó en:
- Cortes de prestaciones
- Suspensión de servicios por parte de prestadores
- Demoras en pagos y reintegros
- Rescisión de convenios en distintas regiones
¿Qué denuncian sobre la falta de medicamentos y tratamientos?
Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es el impacto en la salud de los afiliados. La presentación advierte sobre:
- Falta de provisión de insulina
- Interrupciones en tratamientos oncológicos
- Demoras en medicamentos esenciales para enfermedades crónicas
“El corte de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”, señala el escrito.
Además, se mencionan casos donde la interrupción de terapias habría provocado agravamiento de enfermedades e incluso consecuencias irreversibles, lo que fundamenta la inclusión del delito de abandono de persona.
¿Qué se investiga sobre el préstamo de 40 mil millones de pesos?
Otro eje clave de la denuncia apunta a un préstamo cercano a 40 mil millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Según la presentación:
- Los fondos estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos
- No existe claridad sobre su aplicación concreta
Este punto genera especial preocupación, ya que se da en paralelo —según la denuncia— a un escenario de desabastecimiento y colapso en las prestaciones médicas.
¿Qué irregularidades se señalan en contratos y proveedores?
El escrito también menciona posibles inconsistencias en la administración de recursos, entre ellas:
- Contratos millonarios con droguerías y proveedores privados
- Diferencias entre los gastos registrados y la falta de medicamentos
- Dificultades para acceder a documentación clave durante instancias preliminares
Estos elementos, según la denunciante, podrían evidenciar irregularidades en la gestión del sistema.
¿Qué medidas pidió la Justicia Federal?
Entre las acciones solicitadas en la causa se incluyen:
- Informes financieros completos del organismo
- Detalle de deudas con prestadores
- Contratos con proveedores
- Documentación del préstamo del IAF
- Citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales
¿Cuál es el objetivo político de la denuncia?
Desde el entorno de Arrieta señalaron que la presentación busca “determinar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados a la salud de las familias militares sean utilizados correctamente”.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá definir si avanza con la investigación y las medidas de prueba solicitadas.
